Informe sobre los 1000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en el ámbito de la pareja o ex-pareja

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El 20 de abril de 2019 la violencia machista se cobró su víctima número 1.000 en España. Un número doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos fechas concretas –de enero de 2003, año que empezaron a contabilizarse los crímenes, a abril de 2019– pero que, más allá de la fría cifra, pone ante los ojos de la sociedad de forma clara e irrefutable la voracidad de una lacra social que antes y después ya había segado y seguiría segando muchas vidas. Sirva también este dato para mantener vivo entre nosotros el recuerdo de las víctimas, que a la fecha de la publicación de este informe suman ya 1.055.

Con la elaboración de este documento, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial quiere contribuir a conocer mejor la violencia machista mediante el análisis minucioso de todos los asesinatos y homicidios cometidos durante los más de dieciséis años que abarca el estudio. Poner bajo la lupa cada uno de esos mil casos proporciona información valiosa para corregir posibles errores o disfunciones en el sistema de protección de las víctimas y, a partir de ahí, dotar a las administraciones de nuevas y mejores herramientas en la prevención de los crímenes.

El estudio, para cuya elaboración se ha utilizado información objetiva contenida en los expedientes judiciales, constata la existencia de elementos y situaciones comunes en todos los crímenes examinados, lo que permite detectar con claridad los elementos característicos de estos crímenes así como las circunstancias de riesgo para las mujeres que sufren situaciones de malos tratos a manos de su pareja o ex pareja.

Del examen de los mil casos se puede concluir que la violencia de género en el ámbito de la pareja o ex pareja es un fenómeno que afecta a mujeres de todos los ámbitos y orígenes, sea cual sea la clase social, nacionalidad, grupo étnico, edad, nivel de estudios, etcétera. También, que entre 2003 y 2019 hubo en España un asesinato machista a la semana, lo que arroja una media de 61,3 mujeres asesinadas al año.

El análisis estadístico de los mil casos confirma que la convivencia con el agresor es uno de los factores que incrementan el riesgo para la vida de las víctimas: 605 mujeres asesinadas (el 60,5% del total) mantenían la convivencia con su agresor en el momento de su muerte. También fueron frecuentes los casos en los que víctima y agresor seguían compartiendo vivienda después de formalizar la separación o divorcio legal. En el 10% por ciento de los casos esa convivencia continuaba pese a la existencia de denuncia y en el 2,9%, pese al establecimiento de medidas de protección.

El domicilio fue, además, el lugar en el que se produjeron el 75 % de los crímenes. La jurisprudencia del Tribunal Supremo hace referencia a este aspecto y advierte del aumento del riesgo cuando victimario y víctima siguen conviviendo una vez que ésta ha tomado la decisión de romper la relación. La negativa a aceptar esa ruptura por parte del maltratador puede provocar la comisión de hechos de mayor gravedad e implicar un incremento “grave” del riesgo para la vida de la víctima (STS 247/2018, 8 de mayo).

La maternidad es otro de los factores de riesgo, pues el miedo a que el agresor haga daño a los hijos como venganza o represalia contra la madre frena a las mujeres a la hora de denunciar su situación. En el 75,1% de los casos analizados, la víctima había tenido al menos un hijo o hija; en otros términos, entre 2003 y 2019, 765 menores quedaron huérfanos de madre. Sólo en 261 casos de los mil analizados, existe constancia de denuncia previa de la víctima, lo que significa que el 73,9 por ciento de las mujeres asesinadas no había denunciado a su agresor.

Al “escenario del miedo” que el maltrato habitual provoca en el hogar se ha referido también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha señalado cómo las agresiones continuadas, físicas o verbales, afectan a la víctima desde el punto de vista psicológico y agravan su sufrimiento. El temor a una agresión mayor es en gran medida la causa del silencio de la víctima o de la interposición tardía de la denuncia. Esta razón ha llevado a nuestro Alto Tribunal a determinar que el silencio inicial que se produce cuando una mujer decide denunciar meses o años después de la primera agresión no puede penalizar a la víctima. Es decir, no puede hacer recaer automáticamente sobre ella la sospecha de que está mintiendo.

Como presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género me gustaría poner en valor la importancia de estudiar y analizar con fines estadísticos la violencia machista para que las instituciones, desde el conocimiento profundo de este fenómeno criminal, podamos mejorar nuestra respuesta. La Administración de Justicia, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios médicos, sociales, etc. tenemos un compromiso con las víctimas y no podemos dar ni un solo paso atrás en nuestra lucha por una sociedad más justa y más libre.

En este sentido quiero, una vez más, invitar a las mujeres que sufren violencia de género a pedir ayuda, a romper el silencio, pues es la única forma de poner en marcha todos los mecanismos de asistencia y protección a las víctimas y de juzgar al maltratador. Las víctimas no están solas, deben tener esperanza, pues son muchos los profesionales dedicados a prestarles apoyo.

Pero también me gustaría que este informe sea un tributo en recuerdo de las mujeres asesinadas. No podemos olvidar que detrás de las cifras hay nombres, rostros, sufrimiento, proyectos de vida rotos, huérfanos… y que simbolizan el dolor y el sufrimiento de todas las víctimas y de sus familias. Su muerte no puede quedar en vano.

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