Entre 2009 y 2019 hubo en España 121 condenas por denuncia falsa en Violencia de Género

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La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, presentó ayer en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2019 en la Apertura del Año Judicial. La Memoria recoge la actividad del Ministerio Fiscal durante el año anterior a su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. También contiene las observaciones que las Fiscalías de los distintos órganos elevan a la Fiscalía General del Estado. En el Capítulo III se hace alusión a la Violencia de Género:

Es una realidad incontestable que la violencia de género es un gravísimo problema a nivel mundial, que ataca los derechos humanos y que la sociedad ya reconoce y rechaza, pero no termina en el ámbito de la pareja o expareja, sino que abarca toda violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo, o que la afecta desproporcionadamente en cualquier entorno público o privado. Hoy más que nunca hay que recordar que la violencia contra la mujer es una lacra mundial y por ello la lucha debe ser global, como propone ONU Mujeres para este año bajo el lema «generación igualdad», coincidiendo con la conmemoración del 25 aniversario de la declaración y Plataforma de Acción de Beijing y cuando la Agenda 2030 que nos compromete a todos incluye como eje quinto la igualdad de género.

Como ya se reflejó en memorias anteriores, la irrupción de las nuevas tecnologías, TICs, incide directamente en nuevas manifestaciones de violencia, en cuanto que algunas herramientas digitales, amparándose en el anonimato, facilitan su ejercicio sobre las adolescentes con un efecto multiplicador muy dañino. La evidencia de que las relaciones afectivas comienzan cada vez más precozmente sin convivencia y sin un proyecto en común y su desarrollo online de corta duración pero gran intensidad, nos enfrentan a múltiples y variadas situaciones de dominio, control y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer –alimentadas por los estereotipos e ideas sexistas que circulan por las redes–, que constituyen la esencia de la violencia de género, pero que difícilmente pueden incluirse en el concepto de relación afectiva que exige nuestro CP. Ello impide incardinarlas en los tipos penales específicos que, por tanto, requieren una inmediata acomodación a esta nueva realidad social, estableciendo además sistemas eficaces de protección a las víctimas como las retiradas de contenidos o el bloqueo de páginas web.

Y continuando con los cambios legislativos de imprescindible abordaje, hay que ampliar el concepto de violencia sobre la mujer establecido en la LO 1/2004, en la línea marcada por el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado de violencia de género, asumida ya por varias CCAA. Nuestra sociedad ha experimentado un cambio positivo concienciándose de la necesidad de luchar por alcanzar la efectiva y real igualdad de género en todos los ámbitos y rechaza unánimemente la violencia, especialmente la que vulnera la libertad sexual de las mujeres, esa violencia sexual que ataca prioritariamente a las mujeres y las niñas y debe ser abordada como tal en la futura reforma que se anuncia, al igual que el acoso laboral, la mutilación genital y/o el matrimonio forzado.

La lucha contra la violencia de género reclama una estrategia conjunta de todos los profesionales que conozcan y entiendan la dimensión y complejidad que encierra esta violencia y para ello es imprescindible seguir invirtiendo en la formación y sensibilización de los fiscales y de todos los operadores jurídicos, sanitarios y sociales, a la hora de abordarla, que permita tratar, atender, entender y proteger adecuadamente a la víctima; de hecho, ha sido una de las grandes prioridades y retos de la FGE en este año, colocando la perspectiva e igualdad de género como uno de los ejes centrales, tanto de la formación inicial como continua, que alcance a todas y cada una de las personas que integran el Ministerio Fiscal.

Pero también hay que dotar al sistema judicial de instrumentos y herramientas adecuadas para afrontar esta violencia tan injustificada como injustificable, y batallar frente a la impunidad que la sociedad percibe en estos delitos. Ello exige el establecimiento y dotación adecuada de las Unidades de valoración forense integral previstas ya en la LO 1/2004 y en el Pacto de Estado para la violencia de género alcanzado en el ya lejano 2017. Igualmente importante es la actuación de las Oficinas de Atención a las Víctimas (OAV), que las atienden, apoyan y acompañan a lo largo del proceso, y cuya mediación ha demostrado su eficacia fortaleciendo y manteniendo a la víctima dentro del proceso. Los loables esfuerzos de algunas comunidades autónomas por ampliar las oficinas y reforzar sus equipos, han producido una cierta desigualdad entre territorios, especialmente fuera de sus capitales. Por otra parte, las disfunciones observadas a lo largo de este año aconsejan impulsar la elaboración de un protocolo común de actuación a nivel nacional.

Si todos estos recursos son imprescindibles, no es menos urgente el abordaje de la reforma del art. 416 LECrim, tantas veces demandada desde diferentes ámbitos jurídicos e incluida en el citado Pacto de Estado de violencia de género. Si el sistema normativo español ha optado por la punición como uno de los pilares en la lucha contra esta lacra, la dispensa analizada impide que en muchos casos se alcance ese objetivo. Por ello, todos los fiscales sin excepción se refieren en sus memorias a la dispensa como un elemento perturbador que de alguna manera pervierte el carácter público de la violencia de género, y puede ser otro elemento de presión sobre una víctima tan vulnerable. Provoca no solo sensación social de impunidad; también el desánimo de los operadores jurídicos en general y de los fiscales en particular, que ven sus esfuerzos baldíos ya que el uso de la dispensa imposibilita que la denuncia y el proceso penal alcancen sus efectos punitivos y también tuitivos, hasta el punto de que algunas víctimas han perdido la vida tras denunciar agresiones anteriores que, sin embargo, fueron archivadas al ejercer la víctima la facultad de dispensa analizada. La prueba preconstituida regulada por la ley procesal puede ser una solución, pero no es admitida con la amplitud deseada por los tribunales.

En otro orden de cosas, es preciso hacer mención de las dificultades añadidas que para el control y seguimiento de los asuntos de violencia de género y las medidas cautelares supone la implantación del expediente digital que, según exponen muchos fiscales, no permite identificar los asuntos de violencia de género cuando proceden de un juzgado no exclusivo en la materia. En la misma línea, es digno de alabar el compromiso y dedicación de todos los fiscales especialistas en esta materia, no sólo afrontando largas sesiones en los JVM, a veces más penosas y prolongadas que las de los juzgados de guardia, sino también desarrollando importantes funciones de enlace y coordinación con otras instituciones en aras a conseguir la adecuada protección de las víctimas más vulnerables y los menores, antes incluso de la denuncia.

No se pueden dar por concluidas estas reflexiones sin volver la vista a los menores y jóvenes, que concentran también nuestra preocupación. Por un lado, la inhumana utilización de sus propios hijos por parte del agresor para provocar un daño más profundo a su pareja, la llamada violencia vicaria demanda afrontar tan cruel realidad extendiendo la protección a los menores, pero ello choca con la resistencia a considerar y tratar a los menores como víctimas con todos los derechos que ello conlleva. Asimismo, ocurre a menudo que no se acuerdan medidas civiles que los protejan de sus progenitores, como reflejan los datos estadísticos publicados por el CGPJ.

Por otro lado, se viene detectando un alarmante incremento de las ideas sexistas y de la violencia entre los menores y adolescentes en el entorno familiar, pero también y especialmente en el ámbito sexual, conductas realizadas en grupo y a menudo grabadas y difundidas a terceros, práctica que según los expertos está anudada al uso de la pornografía a través de las redes desde tempranas edades, donde se representa a la mujer cosificada, escenario que hay que abordar principalmente desde el ámbito educacional, donde madres, padres y administraciones deben unirse en un frente común para asegurar la transmisión de los valores de la igualdad, la dignidad, el respeto a uno mismo y al otro y la no discriminación.

Por último, siendo la base de la violencia de género cultural y estructural, es necesario mirar hacia los agresores, los verdaderos culpables, con quienes se debe trabajar para asegurar su efectiva reinserción en una sociedad que quiere preservar la igualdad de todos y todas. Se trataría en último término de evitar que reincidan en la violencia con otras parejas, como ya ha ocurrido con cierta frecuencia este año, por ser esa la única herramienta que conocen para resolver los problemas intersubjetivos.

Denuncias

De los datos publicados por el Observatorio del CGPJ se advierte que en 2019 se produjo un ligero ascenso en el número de denuncias respecto del año anterior, equivalente al 0,66 %. Se han registrado un total de 168.057. Ese incremento es un dato positivo que permite concluir que se ha acudido más veces al sistema judicial porque se confía más en el sistema. No obstante, aún se aprecia una falta de implicación en las personas más cercanas a las víctimas pues, del total de las denuncias, solo se presentaron por parte de familiares el 0.57 % y ello pese que sabemos que el 81 % de las víctimas reconocieron que habían contado su situación alguna vez a familiares y personas de su entorno. Llama la atención el escaso porcentaje de denuncias efectuadas por servicios asistenciales y terceros en general que, al margen de la emisión del parte de lesiones, solo alcanza el 2,74 %, habiéndose producido un importante descenso respecto al año anterior cifrado en 4,74 %.

Retiradas de acusación y denuncias falsas

Se ofrecen datos referidos a los procedimientos seguidos en el año 2019 revisados a 18-1-20, sin perjuicio de reflejar en el cuadro adjunto la evolución de los registrados en años anteriores.

En el año 2019 se interpusieron un total de 168.057 denuncias por VG. Se han incoado 7 causas por denuncia falsa, todas actualmente en trámite, sin que se haya formulado escrito de acusación; 17 están pendientes de incoación tras la deducción del testimonio en el juicio por VG. Se realiza, pues, el seguimiento de 24 asuntos.

Debe recordarse el carácter necesariamente dinámico de la tabla de seguimiento. En ella se van registrando los nuevos datos sobre posibles deducciones de testimonio, información que se puede obtener por primera vez por la propia deducción de testimonio, por el escrito de acusación por delito de denuncia falsa, o incluso por la sentencia que lo enjuicia. El dato de que se trate se refleja en el año que realmente se ha producido la deducción del testimonio, y no en el año que esta Unidad tiene su conocimiento.

Total, denuncias (datos del Observatorio de VD y G del CGPJ)

Total, de absolutorias, sobreseimientos o no deducción de testimonio

Condena por denuncia falsa

%

Condenas+ causas en

tramitación

%

2009

135.540

16

11

0,0081

11

0,0081

2010

134.105

9

8

0,006

8

0,006

2011

134.002

11

14

0,01

14

0,01

2012

128.543

18

17

0,013

17

0,013

2013

124.894

13

14

0,011

14

0,011

2014

126.742

11

17

0,013

17

0,014

2015

129.193

17

10

0,006

11

0,0085

2016

142.893

8

16

0,01

20

0,013

2017

166.260

10

11

0,006

20

0,012

2018

166.961

5

3

0,001

12

0,007

2019

168.057

0

0

24

Total

1.557.190

0,007

121

168

0,01

De los datos reflejados se extraen dos conclusiones de interés:

1.ª La proporción entre los procedimientos por denuncia falsa desde 2009 –121– en relación con los procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria es del 0,0069 %. Si a estas se sumaran las causas en tramitación, en la hipótesis poco probable de que en todas ellas se dictara una sentencia condenatoria (168), el porcentaje final máximo será del 0,010 %.

2.ª De esas 121 sentencias condenatorias, 59 lo han sido por conformidad de la acusada, el 48,76 %. Nuevamente se aprecian en este actuar, las características peculiaridades y aristas que plantea este tipo específico de violencia y que ya fueron objeto de comentario en memorias anteriores.

Medidas cautelares civiles

Según la información facilitada por el CGPJ, durante 2019 se acordó la suspensión de la patria potestad en 165 supuestos (0,53 % de las medidas civiles adoptadas), se suspendió la guarda y custodia del progenitor imputado en 1192 procedimientos (3,86 % de las medidas acordadas), se suspendió el régimen de visitas en 948 (3,04 %), se adoptaron medidas de protección del menor para evitar un peligro o un perjuicio en 173 supuestos (0,55 %) y se adoptaron «otras» medidas civiles en 3580 supuestos, un 11,81 % del total de medidas acordadas. Prestación de alimentos se determinó en 6195 supuestos (20,33 %).

Se observa que, además de la prestación de alimentos, es la categoría de OTRAS MEDIDAS la que alcanza mayor porcentaje, un 11,81 %. En ella debemos incluir las visitas supervisadas en puntos de encuentro familiar (PEF en adelante), figura muy utilizada con carácter cautelar hasta que se producen pronunciamientos periciales sobre la regulación más adecuada de la relación paternofilial. Como se hizo constar en otro epígrafe de esta memoria, la sobrecarga de trabajo de los PEF provoca retrasos en el inicio de las visitas supervisadas, que impiden en ocasiones su aplicación dada la vigencia limitada de las medidas civiles acordadas, en muchos casos inferiores a la disponibilidad de PEF. Dada su amplia utilización deberían establecerse PEF específicos de VG servidos por profesionales especializados, como hizo ya en 2015 la Comunidad Autónoma de Murcia, que además ha ido ampliando su número en otras localidades.

Especial referencia a agresores y víctimas menores de edad

Según los datos estadísticos de la Unidad de Menores, el número de diligencias preliminares incoadas este año por VG es de 788, lo que supone una disminución considerable frente al año anterior, en que se contabilizaron 944 diligencias, rompiendo la tendencia alcista observada los años anteriores con 684 y 543 diligencias incoadas respectivamente; sigue siendo la franja de los 16-17 años donde mayor incidencia se observa.

A pesar de esta disminución, según datos del CGPJ, siguen aumentando el número de menores de edad enjuiciados por delitos la violencia contra la mujer, que ascienden a 312, imponiéndose medidas en un 93,59 de los casos, lo que supone un considerable incremento con relación al año anterior, que ascendió a 249. La evolución desde el año 2013 se refleja en la siguiente tabla:

Año

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Menores enjuiciados

151

150

162

179

253

249

312

De su análisis se constata que desde 2013 se ha producido un ascenso paulatino de menores enjuiciados por delitos de violencia de género, que a lo largo de este periodo se han duplicado.

Por otra parte, se desconoce si la víctima era también menor de edad, dato que debería reflejarse en las estadísticas. Si sabemos que las OAV dependientes del Ministerio de Justicia atendieron a lo largo de 2019 a 606 menores víctimas de VG, frente a los 523 menores del año anterior, y que de las solicitudes de medidas de protección solicitadas en los JVM y de guardia a lo largo de 2019 –un total de 47.260–, 939 de las víctimas eran menores de edad, número algo inferior al del año anterior, suponiendo un 1,98 % frente al porcentaje de 2,24 % alcanzado el año anterior, reflejando su evolución durante los últimos 7 años en el siguiente cuadro:

Año

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Solicitudes de OP

807

1059

869

878

963

1010

939

De estos datos se puede extraer la conclusión de que el incremento de la violencia entre menores, adolescentes y jóvenes, más acentuado a partir de 2017, se produce tanto en el ámbito doméstico, donde las diligencias incoadas alcanzan las 5.055, como en las relaciones sentimentales iniciadas a edad más temprana y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica. Esta realidad alerta de la necesidad de prestar especial atención a estos jóvenes, que pese a haber crecido en un entorno de libertad, igualdad y sensibilización contra los malos tratos, aún mantienen patrones y roles en los que prima la discriminación hacia la mujer, lo que aconseja revisar y quizá replantear los parámetros de actuación en la escuela y la familia.

Instrumentos para la protección de las víctimas

Protocolo Médico Forense

Siguiendo la tónica de años anteriores, continúa siendo este un recurso infrautilizado por la dificultad de conseguir estos informes en el breve espacio de tiempo que aconseja la tramitación procesal. La entrada en vigor de la Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES en adelante), a la que se hace referencia en otro epígrafe, provoca que desde VIOGEN se proponga la emisión de informe forense complementario de valoración de riesgo en los supuestos de VPR extremo y alto o medio con informe de especial relevancia y/ o vulnerabilidad o riesgo de los menores.

Para el adecuado cumplimiento de la Instrucción y de los objetivos que pretende conseguir, en Granada se ha elaborado un protocolo con el Instituto de Medicina Legal que está permitiendo la obtención de estos informes en un plazo de 24 horas.

Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)

Pese a que el Pacto de Estado contra la violencia de género asumió el compromiso de constituirlas en un plazo de dos años, lo cierto es que dicho objetivo no se ha cumplido. Aunque se han hecho importantes avances, en 2019 no existían en varias ciudades, entre ellas Tarragona o Lleida (donde se han implantado a principios de 2020) o en León (donde sus funciones son asumidas por la OAV).

Aun así, es pacífica la opinión de que carecen de personal suficiente para emitir sus informes en el razonable plazo que exige la instrucción procesal. En algunos casos se ha recurrido a la externalización del servicio, si bien la falta de especialización del personal contratado y su fluctuación las ha convertido en instrumentos escasamente operativos, como señala Málaga. Salvo Teruel, donde se tarda una media de 15 días en emitirse informe de valoración integral, en la mayoría de las fiscalías oscila entre los 2 meses de Zaragoza y Bizkaia, 3 de Lugo, llegando a los 4 meses en Gipuzkoa.

Ha costado un gran esfuerzo concienciar a los operadores jurídicos de la necesidad de disponer de informes de valoración forense integral, sobre todo en los supuestos de violencia habitual. Y aun reconociendo que desde las distintas administraciones competentes se están invirtiendo recursos en dotar a los juzgados de los instrumentos idóneos para ello, hay que insistir en su actual insuficiencia y en la necesidad de dotarlas de personal especializado.

Oficina de Asistencia a la Víctima

Un año más, los/las delegados/as coinciden en resaltar el buen hacer de las mismas y la dedicación de sus integrantes, que compensa parcialmente la escasez de recursos para abordar las competencias que la legislación les atribuye. Como se adelantaba, los diferentes recursos materiales y humanos de las OAV en función de la comunidad autónoma a la que pertenezcan provocan cierta desigualdad injustificable en la asistencia a las víctimas de VG. En la mayoría de los casos se destaca su función de acompañamiento a la víctima en las diligencias judiciales, y en algún supuesto intervienen como equipo de apoyo en la exploración de menores (Lleida, Granada, Albacete). Se destaca en casi todas las memorias la fluida comunicación entre las OAV y la Fiscalía, favoreciéndose así la optimización de los escasos recursos disponibles.

El número total de víctimas de VG asistidas a lo largo de 2019 en las OAV dependientes del Ministerio de Justicia asciende a 13.400, del total de 28.860 víctimas asistidas, 13.318 de las cuales tenían Orden de Protección. Han sido asistidos 606 menores víctimas de VG. El número de intervenciones jurídicas/psicológicas ha sido de 40.056, de acompañamiento 16.180 y de seguimiento 35.675.

Desde el Ministerio de Justicia se lamenta el todavía escaso conocimiento por parte de los operadores jurídicos de la existencia y funciones de las OAV y el escaso número de víctimas de VG que son derivadas desde los JVM. Llaman la atención sobre la falta de legitimación de las OAV para certificar la condición de víctima de VG en aplicación del artículo 23 de la LO 1/2004, lo que obliga en muchas ocasiones a derivar a la víctima a servicios sociales autonómicos para que obtengan la certificación, con la duplicidad de trámites que ello implica y la victimización secundaria que supone.

Valoración policial del riesgo, VIOGEN

Como venimos recordando cada año, VIOGEN es en muchos casos el único instrumento de valoración del riesgo del que disponen jueces y fiscales al resolver una orden de protección solicitada por la víctima de VG. En el presente año se aprobó por la SES, la Instrucción 4/2019 que establece unos nuevos protocolos de valoración del riesgo. La aplicación de la nueva Instrucción provoca un incremento importante de los niveles de riesgo Medio, Alto y Extremo, e incorpora dos llamadas de atención en función de la especial situación de riesgo en que puedan encontrarse la mujer (supuestos de especial relevancia) y/ o los hijos menores de esta (menores en situación de vulnerabilidad y/o en situación de riesgo) que, cuando concurren, es propuesta desde VIOGEN la práctica de una prueba pericial complementaria. A su vez la concurrencia de estas circunstancias especiales provoca un incremento en el nivel de riesgo.

Tras el acuerdo alcanzado entre la FVM y la SES sobre la interpretación de la Instrucción 4/2019 en los supuestos de riesgo Medio, Alto y Extremo se sugerirá en el atestado la conveniencia de la instalación de dispositivo telemático de control en el supuesto de acordarse Orden de Protección, en especial en las valoraciones de riesgo medio en que concurran circunstancias de especial relevancia, así como en las de riesgo alto y extremo.

Fuente Fiscalía General del Estado
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